La secretaria general del PP de Málaga, Margarita del Cid, aseguró ayer que la reforma de la administración local anunciada el pasado viernes por el Consejo de Ministros supondrá un ahorro de 200 millones de euros para los consistorios de la provincia. «Es una de las reformas más necesarias, más valientes y más transparentes, puesto que desde la transición española se hacía necesario reforzar el papel de las entidades locales en España», dijo Del Cid, quien añadió que la reforma sitúa al municipalismo «como el protagonista de la gestión pública».
Como principales aspectos de la reforma, la responsable popular también destacó la clarificación de las competencias entre administraciones para evitar duplicidades y el establecimiento de un periodo de cinco años para el cambio de titularidad de determinadas competencias que estaban siendo compartidas entre ayuntamientos y comunidad autónoma. Igualmente, Del Cid resaltó que la propuesta de la reforma también limitará el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica o que el impacto de las medidas supondrá un ahorro neto total de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015. «Si esta ley se hubiese aprobado hace años no tendríamos una Junta de Andalucía con su administración paralela, que nos cuesta a los ciudadanos miles de millones de euros al año, frente, por ejemplo, a los 1.500 millones que transfiere la propia Junta a los 771 ayuntamientos andaluces», continuó la secretario general del PP en Málaga, que aprovechó su comparecencia para arremeter varias veces contra la administración andaluza y para repetir que se trata de un gran paso para llegar «a una Administración local menos costosa que ofrecerá mejores servicios a los ciudadanos.
Sobre la financiación, Margarita del Cid explicó que la reforma articulará mecanismos para garantizar el cumplimiento de obligaciones y evitar situaciones de impago entre administraciones. «Por primera vez, la compensación de las deudas es una realidad y será causa de regulación de renuncia de la delegación recibida por parte de las comunidades autónomas si no se recibe la financiación adecuada. Sólo podrán aceptar delegaciones y sugerir convenios con las comunidades cuando se garantice que esas competencias van a estar suficientemente soportadas financieramente», abundó antes de concluir que la reforma incide «en una premisa que el PP lleva defendiendo durante años, que es una administración, una competencia, a la vez que queda claramente definido el papel de las diputaciones como valedoras de los pequeños municipios, lo que, sin duda, va a mejorar el equilibrio territorial».
Por su parte, el presidente del Consejo de Alcaldes del PP malagueño, José María García Urbano, afirmó que esta reforma es «plenamente congruente» con todas las que está afrontando el Gobierno central. «No es ni el punto de llegada ni el de partida, sino que hay que encarrilarla en el sentido de la modernización de las administraciones públicas, haciendo hincapié en la erradicación de impagos y en la modernización», sostuvo. «La aspiración de este anteproyecto de ley es que sea enriquecido y consiga el consenso a lo largo de sus trámites parlamentarios, lo que garantizará la perdurabilidad de la misma», aseguró el también alcalde de Estepona.
La reforma destruirá empleos, según el PSOE.
El secretario de Ciudades del PSOE de Málaga y regidor del municipio malagueño de Cártama, Jorge Gallardo, criticó ayer que la reforma de la Administración local «destruirá empleos y empeorará los servicios públicos». Además, denunció que se haga «no sólo de espaldas a los alcaldes, sino en contra de ellos». «Como alcalde no llego a entender cómo los regidores y responsables municipales del Partido Popular pueden dar su bendición a este ataque al municipalismo, la autonomía local y la administración más cercana al ciudadano», dijo Gallardo. Para el dirigente socialista, lo que persigue el Gobierno de Mariano Rajoy con esta medida es «hacer negocio con los servicios que prestan los ayuntamientos». «Quieren hacer con el agua, la basura o la limpieza lo que ya están haciendo con la sanidad en Madrid», advirtió en un comunicado. «Así, todo lo que no sea rentable económicamente, no se prestará o se privatizará», añadió.
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