Un informe interno fija un ahorro de hasta 47 millones si se municipaliza Limasa

 

        Un informe interno elaborado extraoficialmente por la dirección de Limasa concluye que municipalizar ahora la empresa, cuatro años antes de que termine la adjudicación del contrato en marzo de 2017, supondría un ahorro económico que estaría entre los 21 y los 47 millones de euros en ese periodo. Esta cantidad saldría principalmente de conceptos como el IVA, los alquileres, la amortización de deuda y otros capítulos. Al respecto, la parte privada de la empresa, FCC, Urbaser y Sando, guarda silencio y la parte pública, el Ayuntamiento, no lo ve pero opta por la prudencia y remite a la negociación. Los trabajadores apuestan abiertamente por la municipalización y hacen suyo el informe.
         Los datos resultan sorprendentes si los comparamos con las cifras reales. El presupuesto de Limasa para 2013 es de 86,8 millones de euros; si se le aplicara el ahorro máximo de 47 millones, la factura se quedaría en 39,8 millones, un 54% menos.
         El estudio señala las ventajas de la municipalización que permitirían ahorrar en IVA una cifra que sólo en 2011 supuso un coste de 7,7 millones de euros y que en 2012 se incrementó en el último cuatrimestre a partir de la subida de dicho impuesto desde el 1 de septiembre, que para Limasa pasó del 8 al 10%, lo que supuso pagar en torno a 8 millones. En los cuatro años que aún quedan de contrato, la municipalización del servicio permitiría ahorra en torno a 32 millones de euros.
        En alquileres también podría producirse un ahorro considerable dado que actualmente Limasa tiene subarrendado la mayoría de los locales que usa como cuartelillos y otras instalaciones, salvo su sede central. Limasa gastó en 2011 en alquileres 2.481.115 euros. El informe plantea que esa cifra se puede rebajar progresivamente a medida que se dispusiera para los cuartelillos de locales municipales cedidos.
Ruptura del contrato
         La amortización de la deuda a largo plazo que tiene Limasa, que alcanzaba los 18,3 millones en 2011, también puede contribuir a generar ahorro en la empresa si esta estuviese en manos municipales. El informe plantea una refinanciación de la deuda con diversas alternativas que permitirían un recorte importante en el pago de intereses.
         La denominada asistencia técnica y otros capítulos que la parte privada cobra en concepto de canon por servicios prestados a la empresa se eliminaría totalmente con una Limasa municipal. Por este concepto Limasa desembolsa cada año en torno a los 2,7 millones de euros y en los cuatro años que restan permitiría ahorrar en torno a los 12 millones de euros.
         El estudio contempla también las posibles consecuencias de la ruptura del contrato, vigente hasta marzo de 2017. El informe aboga por llegar a un acuerdo de rescisión del contrato con los privados, sin coste alguno para Limasa, argumentando que la situación económica y la rebaja en la factura del Ayuntamiento hacen inviable el mantenimiento del contrato suscrito, lo que llevaría a su rescisión sin indemnización.
         En el caso de que los privados acudiesen al juzgado a reclamar daños y perjuicios, indemnización por lucro cesante y otros beneficios, el informe plantea crear una provisión de fondos con los 2,5 millones de euros de IVA que la empresa está exenta de pagar por tener un 49% de capital público.Lo mejor
El propio ahorro que daría el mismo servicio por la mitad de dinero
         Lo mejor estaría en el propio ahorro que supondría entre los 21 y los 47 millones respecto a la factura actual, que este año será de 86,8 millones de euros. Un ahorro que podría reconducirse en parte en la mejora de las instalaciones y de la maquinaria para garantizar un mejor servicio. Significaría esencialmente una empresa más viable y con mejores perspectivas de futuro, donde todo el dinero que se invirtiera iría para la gestión del servicio que presta, sin desviar nada para los beneficios empresariales.

Lo peor
El enredo de la pelea jurídica si no se llega a un acuerdo
         Si no hubiese acuerdo con las empresa privadas que controlan la empresa actualmente, habría un contencioso jurídico que podría durar años. Las empresas reclamarían daños y perjuicios por incumplimiento del contrato e indemnizaciones por lucro cesante, pérdida de beneficios y otros conceptos, aunque serían cantidades que quizá pudiesen asumirse dado que apenas quedan cuatro años de un contrato que se firmó en el año 2001. El alcalde también ha hecho llegar a los trabajadores su miedo a que la municipalización condujese a la relajación de la plantilla.