El Consejo de Ministros ha decidido hoy plantear un conflicto de competencia y solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión de la segunda subasta de medicamentos convocada por la Junta de Andalucía al entender que vulnera las competencias estatales.
El Gobierno, según la referencia del Consejo, considera necesaria la interposición de este conflicto de competencia contra la resolución aprobada el pasado mes de diciembre por el Servicio Andaluz de Salud al tener en cuenta sus propios antecedentes de impugnación de la ley de Farmacia de Andalucía de 2007 y de la anterior subasta.
La primera subasta celebrada por la Junta de Andalucía fue recurrida en los tribunales por el Gobierno central, que considera que estas competencias farmacéuticas son de exclusiva titularidad estatal.
El levantamiento de la suspensión cautelar permitió a la Junta de Andalucía convocar este segundo proceso.
Según explica el Gobierno, esta resolución andaluza establece un mecanismo de financiación y fijación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no previsto en la normativa básica estatal.
Además, a su entender, reduce la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Por ello, el Gobierno cree que se están vulnerando las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica al establecer previsiones específicas sobre la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello.
Además, choca en su opinión con la legislación básica en materia de sanidad al modificar la cartera común de servicios establecida por el Estado y fijando un mecanismo de financiación de la prestación farmacéutica del SNS no previsto en la legislación básica estatal.
Esta cuestión puede incidir "de manera directa e inmediata en la salud de la ciudadanía, más allá de un conflicto competencial entre Administraciones, al ser competencia exclusiva del Estado la de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales", sostiene el Gobierno.
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