La Junta de Andalucía se marcó ayer de plazo hasta el verano para disponer de un plan que estudie con detenimiento el litoral andaluz y establezca qué proyectos urbanísticos podrán continuar adelante o tendrán que modificarse para asegurar la protección de la costa y evitar la masificación del espacio más cercano al litoral.
El Consejo de Gobierno acordó ayer la redacción del llamado Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, una de las medidas incluidas en el decreto-ley que se aprobó el pasado 27 de noviembre para garantizar la conservación de la franja costera y que paralizó el desarrollo urbanístico en once municipios de la provincia de Málaga.
Este plan estudiará de forma pormenorizada los distintos proyectos urbanísticos previstos en la franja de 500 metros que hay inmediatamente detrás del dominio marítimo-terrestre, así como las distintas parcelas sin urbanizar.
El objetivo es tener, en un plazo de seis meses, una propuesta de actuación que asegure la conservación de los espacios con valor ecológico y que los nuevos proyectos de construcción que se propongan no masifiquen este espacio. De hecho, la paralización actual afecta a todos los municipios que no tienen su planeamiento adaptado al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), es decir todos los costeros menos a Málaga, Marbella y Fuengirola. El resto tiene que frenar las actuaciones urbanísticas que no entren dentro de los límites de desarrollo que establece el POTA.
Una vez que se presente el texto inicial del Plan de Protección del Corredor Litoral, antes de julio, la suspensión se levantará para todos aquellos proyectos que no estén incluidos en el listado que elabore la Junta de Andalucía.
Esta medida ha encontrado la oposición del PP de Málaga, cuyos alcaldes afectados ya han anunciado que no acudirán a la reunión que estaba prevista hoy para conocer los detalles del decreto y del Plan de Protección.
Esta decisión pone a los alcaldes populares de Málaga como principales opositores al decreto, ya que son los únicos de Andalucía que no quieren participar en esta ronda de encuentros.
El alcalde de Rincón de la Victoria y portavoz del PP en la Diputación Provincial, Francisco Salado, fue muy crítico con esta medida de la Junta de Andalucía, al asegurar que paraliza el desarrollo de los municipios y deja en el aire muchos proyectos urbanísticos, aunque no supo precisar la cifra de viviendas afectadas.
«Este decreto viene impuesto por parte de la Junta y ha sido aprobado con nocturnidad y alevosía», expresó Salado, quien insistió en que se derogue el decreto antes de iniciar cualquier proceso de negociación con la Junta.
El delegado de Medio Ambiente, Javier Carnero, negó que el decreto de protección del litoral vaya a paralizar la actividad urbanística de los municipios afectados y aseguró: «Mañana, si quisieran, podrían comenzar 22.000 viviendas en estos municipios».
Carnero recordó que el decreto «ordena los suelos que quedan en los municipios que no están adaptados al POTA, que fue aprobado hace seis años para limitar el crecimiento excesivo».
Para el delegado de Medio Ambiente en Málaga, la decisión de los alcaldes del PP de no acudir a la reunión prevista hoy demuestra que «buscan la confrontación por la confrontación», ya que la Junta «ni limita ni tapona, sólo ordena los desarrollos futuros».
Sobre Estepona, Javier Carnero apuntó que el decreto no afecta al proyecto de la Casa Real Saudí, que tiene un informe de incidencia territorial negativo «que es previo, porque prevé incrementar más del 200% la población del municipio con 16.000 viviendas».
El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, se mostró convencido de que los empresarios turísticos son los primeros interesados en que el producto turístico sea de calidad y mostró su sorpresa porque haya dirigentes políticos que defienden a los grandes promotores inmobiliarios.
Las claves del decreto de protección del litoral de la Junta de Andalucía
¿A quién afecta el decreto?
El decreto aprobado por urgencia a finales de noviembre estableció la paralización de los proyectos de construcción en una franja de 500 metros junto al litoral de 11 municipios malagueño, al no tener su planeamiento urbanístico adaptado al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
¿Es una paralización total y sin plazo para su final?
Esta medida afecta a todos los desarrollos urbanísticos que no tengan su plan parcial aprobado –y adaptado al POTA– y que no estén en Málaga, Marbella y Fuengirola, únicos municipios que no están incluidos en este decreto. El freno es durante un plazo máximo de dos años para estudiar caso por caso su impacto en el entorno y adaptación a la normativa vigente.
¿Bloquea cualquier actividad constructiva en estos municipios?
El decreto sólo afecta a los primeros 500 metros que hay junto a la franja marítimo-terrestre, lo que permite que se continúe el desarrollo urbanístico en zonas más alejadas de la costa.
¿Qué argumenta la Junta para aprobarlo?
El Gobierno andaluz argumenta que muchos municipios tienen un planeamiento urbanístico antiguo, basado en desarrollos masificados al no estar adaptados al POTA. El decreto aspira a frenar cualquier actuación hasta que se normalice el caos normativo de Andalucía.
¿Cómo se controlará el litoral?
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la elaboración de un Plan de Protección del Litoral que deberá aprobarse en el plazo de dos años, aunque en seis meses debe tener la redacción inicial. Ese plan analizará los proyectos en marcha, caso por caso, y propondrá los cambios que considere necesarios para asegurar que no se masifique el litoral, negociando con los ayuntamientos los cambios.
¿Qué protegerá el Plan de Protección del Litoral?
Este plan estudiará el efecto de los planes de urbanización que afecten a zonas con valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales del litoral; evitar nuevas barreras urbanas que impidan el acceso a la costa; armonizar la regulación del suelo no urbanizable en los municipios del litoral andaluz y aplicar una norma común.
¿Quién está en contra del decreto?
Los alcaldes del PP de los municipios costeros de Málaga criticaron ayer duramente estas medidas al considerar que se han tomado sin consultar ni consensuar con los municipios, producen inseguridad jurídica que provoca la fuga de inversiones y cuestiona el futuro de planeamientos en marcha.
El Consejo de Gobierno acordó ayer la redacción del llamado Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, una de las medidas incluidas en el decreto-ley que se aprobó el pasado 27 de noviembre para garantizar la conservación de la franja costera y que paralizó el desarrollo urbanístico en once municipios de la provincia de Málaga.
Este plan estudiará de forma pormenorizada los distintos proyectos urbanísticos previstos en la franja de 500 metros que hay inmediatamente detrás del dominio marítimo-terrestre, así como las distintas parcelas sin urbanizar.
El objetivo es tener, en un plazo de seis meses, una propuesta de actuación que asegure la conservación de los espacios con valor ecológico y que los nuevos proyectos de construcción que se propongan no masifiquen este espacio. De hecho, la paralización actual afecta a todos los municipios que no tienen su planeamiento adaptado al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), es decir todos los costeros menos a Málaga, Marbella y Fuengirola. El resto tiene que frenar las actuaciones urbanísticas que no entren dentro de los límites de desarrollo que establece el POTA.
Una vez que se presente el texto inicial del Plan de Protección del Corredor Litoral, antes de julio, la suspensión se levantará para todos aquellos proyectos que no estén incluidos en el listado que elabore la Junta de Andalucía.
Esta medida ha encontrado la oposición del PP de Málaga, cuyos alcaldes afectados ya han anunciado que no acudirán a la reunión que estaba prevista hoy para conocer los detalles del decreto y del Plan de Protección.
Esta decisión pone a los alcaldes populares de Málaga como principales opositores al decreto, ya que son los únicos de Andalucía que no quieren participar en esta ronda de encuentros.
El alcalde de Rincón de la Victoria y portavoz del PP en la Diputación Provincial, Francisco Salado, fue muy crítico con esta medida de la Junta de Andalucía, al asegurar que paraliza el desarrollo de los municipios y deja en el aire muchos proyectos urbanísticos, aunque no supo precisar la cifra de viviendas afectadas.
«Este decreto viene impuesto por parte de la Junta y ha sido aprobado con nocturnidad y alevosía», expresó Salado, quien insistió en que se derogue el decreto antes de iniciar cualquier proceso de negociación con la Junta.
El delegado de Medio Ambiente, Javier Carnero, negó que el decreto de protección del litoral vaya a paralizar la actividad urbanística de los municipios afectados y aseguró: «Mañana, si quisieran, podrían comenzar 22.000 viviendas en estos municipios».
Carnero recordó que el decreto «ordena los suelos que quedan en los municipios que no están adaptados al POTA, que fue aprobado hace seis años para limitar el crecimiento excesivo».
Para el delegado de Medio Ambiente en Málaga, la decisión de los alcaldes del PP de no acudir a la reunión prevista hoy demuestra que «buscan la confrontación por la confrontación», ya que la Junta «ni limita ni tapona, sólo ordena los desarrollos futuros».
Sobre Estepona, Javier Carnero apuntó que el decreto no afecta al proyecto de la Casa Real Saudí, que tiene un informe de incidencia territorial negativo «que es previo, porque prevé incrementar más del 200% la población del municipio con 16.000 viviendas».
El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, se mostró convencido de que los empresarios turísticos son los primeros interesados en que el producto turístico sea de calidad y mostró su sorpresa porque haya dirigentes políticos que defienden a los grandes promotores inmobiliarios.
Las claves del decreto de protección del litoral de la Junta de Andalucía
¿A quién afecta el decreto?
El decreto aprobado por urgencia a finales de noviembre estableció la paralización de los proyectos de construcción en una franja de 500 metros junto al litoral de 11 municipios malagueño, al no tener su planeamiento urbanístico adaptado al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
¿Es una paralización total y sin plazo para su final?
Esta medida afecta a todos los desarrollos urbanísticos que no tengan su plan parcial aprobado –y adaptado al POTA– y que no estén en Málaga, Marbella y Fuengirola, únicos municipios que no están incluidos en este decreto. El freno es durante un plazo máximo de dos años para estudiar caso por caso su impacto en el entorno y adaptación a la normativa vigente.
¿Bloquea cualquier actividad constructiva en estos municipios?
El decreto sólo afecta a los primeros 500 metros que hay junto a la franja marítimo-terrestre, lo que permite que se continúe el desarrollo urbanístico en zonas más alejadas de la costa.
¿Qué argumenta la Junta para aprobarlo?
El Gobierno andaluz argumenta que muchos municipios tienen un planeamiento urbanístico antiguo, basado en desarrollos masificados al no estar adaptados al POTA. El decreto aspira a frenar cualquier actuación hasta que se normalice el caos normativo de Andalucía.
¿Cómo se controlará el litoral?
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la elaboración de un Plan de Protección del Litoral que deberá aprobarse en el plazo de dos años, aunque en seis meses debe tener la redacción inicial. Ese plan analizará los proyectos en marcha, caso por caso, y propondrá los cambios que considere necesarios para asegurar que no se masifique el litoral, negociando con los ayuntamientos los cambios.
¿Qué protegerá el Plan de Protección del Litoral?
Este plan estudiará el efecto de los planes de urbanización que afecten a zonas con valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales del litoral; evitar nuevas barreras urbanas que impidan el acceso a la costa; armonizar la regulación del suelo no urbanizable en los municipios del litoral andaluz y aplicar una norma común.
¿Quién está en contra del decreto?
Los alcaldes del PP de los municipios costeros de Málaga criticaron ayer duramente estas medidas al considerar que se han tomado sin consultar ni consensuar con los municipios, producen inseguridad jurídica que provoca la fuga de inversiones y cuestiona el futuro de planeamientos en marcha.
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