Más de 3.000 personas con discapacidad intelectual de la provincia podrían ver cómo peligra su asistencia en centros o residencias a causa de los impagos de la Junta de Andalucía, que alcanzan a todas las entidades no lucrativas de Málaga. Además, esta situación se hace extensible al resto de provincias de la comunidad, donde se multiplican los afectados.
La Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) tiene alrededor de 550 centros en toda la comunidad. Según fuentes de la propia federación, los impagos afectan a todas desde hace meses.
Tras una reunión con cinco de estas asociaciones –Adipa, Aspromanis, Apadisol, CEPER y Asprodisis– se ha podido constatar que se encuentran al límite. Aseguran que la deuda acumulada es ya de cuatro meses –diciembre, enero, febrero y marzo– y que hasta la semana pasada también les debían noviembre.
Todas estas asociaciones, alrededor de veinte, ofrecen servicios de residencia, centros ocupacionales, unidades de estancia diurna o centros especiales de empleo. Servicios todos ellos ya prestados, es decir, no se los pagan, pero ellos los dan a diario. «Los usuarios no entienden de deudas», afirma el director de la Asociación Malagueña en favor de las personas con discapacidad intelectual CEPER, David Villar.
La práctica totalidad de las asociaciones están sufragadas con la Ley de Dependencia, aunque en algunos casos también participa la Consejería de Empleo. En cualquier caso la deuda del Gobierno andaluz, solo de estas cinco entidades, asciende a tres millones de euros, por lo que la cifra podría rondar, a nivel provincial, unos cuatro.
La práctica totalidad de las asociaciones están sufragadas con la Ley de Dependencia, aunque en algunos casos también participa la Consejería de Empleo. En cualquier caso la deuda del Gobierno andaluz, solo de estas cinco entidades, asciende a tres millones de euros, por lo que la cifra podría rondar, a nivel provincial, unos cuatro.
Estas cinco entidades aseguran que aunque hasta ahora han podido pagar los gastos corrientes y nóminas, no saben si podrán hacerlo durante más tiempo. Aseguran que su última intención es dejar de dar los servicios a estas personas, pero no saben hasta cuándo aguantarán. La mayoría de ellas han estado viviendo de las rentas, es decir, de los ahorros o donaciones con las que contaban, pero llegados a este punto no saben qué será de ellos. A modo de ejemplo, la Junta les paga 79,6 euros diarios por cada usuario interno en una residencia de gravemente afectados. Allí les dan comida, cama, cuidados y atención médica. Cada mes abona por cada persona en un centro ocupacional unos 622 euros. Allí aprenden a desarrollarse. Por eso, las asociaciones temen dejar de dar estos servicios, «indispensables» para la autonomía de estas personas.
Las entidades bancarias no les conceden créditos y viven meramente de las aportaciones de la administración pública. Lo peor, reconocen, es la incertidumbre y no saber cuánto tiempo más se prolongará la situación. Pero, lamentablemente, no es nueva ni les es ajena. Los impagos comenzaron hace casi un año y poco a poco han podido hacerles frente con los ahorros. Además, la Junta se los ha ido abonando conforme ha tenido ingresos. Pero las asociaciones alertan: ya no tienen liquidez. Por eso, han pedido de manera reiterada a Bienestar Social que haga un calendario de pagos para saber el límite máximo de tiempo del que disponer. Pero no lo aceptan.
La Asociación Malagueña Pro Minusválidos Psíquicos (Aspromanis) asegura que su situación es «desesperada». «Los servicios que estamos prestando son responsabilidad de la Junta de Andalucía, que concierta con nuestros centros los mismos, asigna la plaza y la cubre con la persona que cree que debe ocuparla y, por tanto, adquiere un compromiso con esa persona con discapacidad intelectual, aunque lo haga abonando el coste de su atención al centro que le asigna. Es decir, si no se abona su plaza con puntualidad se está atentando contra el derecho de esa persona con discapacidad intelectual a ser atendida dignamente».
Su vicepresidente, Jesús León, cifra la mora con ellos en un millón euros. Dan todo tipo de servicios y atienden a 300 usuarios en toda la provincia. «Nos hemos comido el remanente, estamos completamente descapitalizados», lamenta.
Los trabajadores de CEPER llevan ya un mes sin cobrar. La situación de la organización sin ánimo de lucro es insostenible y lamentan que si Bienestar Social no les paga algo también les deberán abril. Sus más de 126 usuarios acuden a sus centros a diario y la deuda es de 400.000 euros. Villar afirma que la situación que viven es «dantesca». «No tenemos otros recursos, tiempo atrás sabíamos que contaríamos con algo de retraso, pero no tanto». Por eso, lamenta la situación de opacidad y alerta de que si los pagos se siguen demorando deberán priorizar los servicios y dejar algunos en estado «latente».
Por su parte, la Asociación Padres de Discapacitados del Sol (Apadisol), atiende a 25 discapacitados, todos ellos en un centro ocupacional. Aunque se trata de una entidad de menor envergadura, la deuda, de 32.000 euros, les asfixia. Aún así, la Junta sí les ha pagado diciembre, al igual que a otras asociaciones más pequeñas. «Ya les he preparado el cuerpo a los trabajadores. Les he dicho que pueden dejar de cobrar algún mes... y si deciden no venir por no cobrar, no habrá servicio», lamentó José María Olalla.
Pero la denuncia también ha llegado por parte de la provincia. Desde la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su Comarca (Adipa) afirman que el servicio que prestan a sus 200 usuarios ha podido seguir adelante, y sin dejar de pagar estos meses a sus 120 trabajadores, gracias a donaciones. Pero el centro especial de empleo está con el agua al cuello. «No creo que cerremos, pero puede que haya que reducir actividad», alerta Lorenzo Hurtado, su vicepresidente, que informa de que le adeudan 800.000 euros. La presidenta, Cristina Marina, alerta de que las personas con discapacidad intelectual no se pueden defender. «Somos de utilidad pública».
La Asociación de personas con discapacidad intelectual de Ronda y Comarca Natural (Asprodisis) lleva también sin cobrar cuatro meses y la deuda asciende a 600.000 euros. Su director gerente, Jacinto Castillo, asegura que también atienden a usuarios de la provincia de Cádiz, y asegura que están intranquilos por sus 80 trabajadores y las 230 personas a las que atienden en sus talleres y residencias.
Por su parte, la Delegación de Bienestar Social de la Junta en Málaga reconoció ayer que las facturas se van abonando en «la medida de lo posible». «Tenemos la voluntad de pagar y de mantener los servicios, no como otras instituciones de la provincia», señalaron. Aún así, las mismas fuentes comprenden que las asociaciones pasen por dificultades, aunque recuerdan que la situación de la administración con los recortes no les da mucha más maniobra. Sin embargo, afirman que están tratando de abonar los pagos pronto y que estos no se acumulen en más de dos meses. «Se hace todo lo posible».
Ayer la FEAPS convocó asambleas en toda las provincias para que las entidades expongan su problemática y trazar una hoja de ruta para demandar a la administración pública que les pague o tomar medidas.
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