La dirección de Limasa está a la espera de que el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) se pronuncie sobre una consulta presentada en la que Limasa le plantea la posibilidad de modificar unilateralmente, mientras se negocia el convenio colectivo, los artículos que hacen referencia al descanso de fin de semana y a los meses en que la plantilla puede tomar vacaciones.
Actualmente el descanso de fin de semana para el personal fijo está acordado en sábado y domingo, mientras que el periodo para tomar las vacaciones se fija entre los meses de junio a septiembre, inclusives.
La dirección de Limasa considera fundamental poder cambiar estos dos artículos para hacer frente sin problemas a la rebaja de 6 millones de euros en el pago de la factura de la contrata.
De esta manera Limasa ha planteado que el descanso semanal se fije en un domingo y otro día «rotativo; igualmente quiere que las vacaciones puedan tomarse durante todos los meses del año. De esta manera eliminaría la contratación de cerca de 400 operarios eventuales con un ahorro, según las cuentas de Limasa, de unos cinco millones de euros.
Ambas propuestas han contado con el rechazo «frontal» del comité de empresa. Por ello y ante el temor de que las negociaciones del convenio se prolonguen durante meses, la dirección de Limasa está buscando una cobertura legal para imponer desde ya el cambio en los descansos y en los meses de vacaciones.
Eso es lo que le ha llevado a presentar la consulta ante el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales con el propósito de que este órgano le autorice a estas nuevas medidas de manera unilateral, según confirmó ayer la concejala de Medio Ambiente, Ana Navarro.
El Consejo ha citado para la próxima semana a los representantes de Limasa y de los trabajadores, que deberán verse en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla).
El comité de empresa duda de acudir a la reunión al entender algunos de sus miembros que no hay planteado ningún conflicto colectivo y por tanto no hay necesidad de mediación y reclama que sea en la mesa de negociación del convenio donde se diluciden ambas cuestiones.
El CARL es un órgano dependiente de la Junta de Andalucía integrado por las organizaciones empresariales, los sindicatos , así como por la administración laboral andaluza. Está integrado por el presidente, elegido por el presidente de la Junta de Andalucía, un secretario y 28 miembros repartidos en cuatro representantes de la Consejería de Empleo; diez representantes de organizaciones sindicales más representativas, en proporción a su grado de implantación, diez representantes de las organizaciones empresariales de mayor representatividad y cuatro miembros designados por el presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del consejero de Empleo.
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