A la batería de reformas del Gobierno ya en vigor le seguirá en breve el endurecimiento de la Ley de Dependencia, que se aplicará desde este mismo verano. De hecho, el calendario previsto es que el próximo 13 de julio el Consejo de Ministros apruebe los cambios de esta norma, previa celebración el martes del Consejo Territorial de Dependencia, foro en el que se presentará y debatirá el borrador con las comunidades autónomas.
Los cambios supondrán poner del revés la norma y los principios actuales. Se transforma el baremo de valoración, de forma que quede unificado en las 17 regiones y, además, simplificado (eliminando los niveles y dejando tan sólo los grados), aunque estos aspectos están por cerrar.
También se revisará el actual sistema de copago de los servicios. Así, entrarán en juego nuevos criterios que suponen el endurecimiento de los requisitos. Se tendrán en cuenta no sólo la pensión o ingresos mensuales del beneficiario, sino el propio patrimonio de éste o incluso los ingresos familiares, si se opta por la consideración de unidad familiar. Los ajustes de la norma afectarían a los más de 30.000 beneficiarios actuales en la provincia de Málaga, que reciben más de 40.500 prestaciones –son compatibles más de una ayuda a la vez–.
Pero, de entre los objetivos, más allá de los consabidos ajustes económicos y criterios de ahorro, un portavoz del Ejecutivo central destaca a este periódico que se busca luchar contra el fraude, principalmente en lo que se refiere a la prestación económica al cuidador familiar, un hecho conocido, aseguran, denunciado por las comunidades autónomas, pero sobre el que no existen estadísticas.
De hecho, en el Estado, la región andaluza y la provincia, del total de ayudas otorgadas cerca del 50% –45% de media nacional– son prestaciones económicas al cuidador en el entorno familiar, cuando precisamente esta ayuda se incluyó en el catálogo de servicios como excepcional, siendo el objetivo en origen de la norma fundamentalmente además de buscar el máximo confort y bienestar del dependiente lograr descargar y ayudar a la familia.
Ahora, el nuevo decreto pretende devolver a la norma su fin y, además, reactivar la economía, el empleo y la actividad productiva que en torno a la ley de dependencia se esperaba (negocio y trabajo: residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia, unidad de día) frente a las más de 8.000 bajas de la Seguridad Social de trabajadores sociales producidas en 2011.
Es por ello que a partir del nuevo decreto de reforma, para poder obtener una prestación económica se exigirá que el cuidador conviva con el dependiente, que el horario de trabajo sea compatible con el cuidado de la persona y que se faciliten las inspecciones y evaluaciones que de forma periódica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende que se realicen. Los beneficiarios podrán seguir eligiendo el recurso que prefieran, pero se endurecen los requisitos para obtenerlo.
Acerca del copago de servicios, fuentes del citado Ministerio explican que no está cerrado aún, pero que el espíritu del borrador es que paguen incluso menos que ahora los que menos tienen y que los que más tienen abonen más por su servicio. Actualmente los usuarios ya pagan por sus recursos, pero tan sólo en función de su renta y no de su patrimonio o incluso el de sus familiares. Cabe recordar además que sobre la norma existe una moratoria, de forma que los dependientes que entraban en 2012 al sistema –la aplicación es progresiva por grados y niveles– pasan a 2013 por falta de recursos.
Para el presidente del Colegio de Trabajo Social, Rafael Arredondo, esta nueva norma sólo supondrá «una reducción aún mayor de los derechos». «Es duro, pero actualmente la gente termina muriéndose porque no le da tiempo a recibir su recurso. En Andalucía ya no se están cumpliendo los plazos, se da alguna prestación pero con goteo y hay usuarios que llevan esperando más de siete meses, no ya para que le otorguen su recurso sino para que le realicen la valoración. Estos cambios no son buenos ni para los trabajadores ni para los beneficiarios», denuncia. Arredondo dice además que no tiene sentido volver a modificar el baremo cuando el nuevo (tras la revisión que marca la propia norma) entró en vigor en febrero de este año.
Mato dice que la reforma es para «asegurar» la viabilidad del sistema.
La propia ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, avanzó ayer que llevará a cabo una nueva ordenación del sistema para «asegurar su viabilidad futura», «garantizando con ello una mejor atención a las personas dependientes». En concreto, precisó que se va a «revisar y simplificar el proceso de valoración» para que ante situaciones similares de dependencia, se ofrezca la misma respuesta en todo el territorio. Mato, que participó ayer en el Campus FAES que organiza el expresidente del Gobierno José María Aznar con la ponencia «Mejorando el Estado Social», afirmó que se han consentido «divergencias de criterios en función de la comunidad autónoma en la que se resida», y destacó que con la norma no se ha generado el empleo que se esperaba y que estaba dentro de sus objetivos.
Aparte de revisar el proceso de valoración de los casos de dependencia, adelantó que también se introducirán nuevos elementos de ponderación en los créditos a las comunidades autónomas, para «primar la atención a través de los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas». La ministra indicó que se dará prioridad, «como establece la ley, a la atención a las personas con mayor grado de dependencia», utilizando «las mismas bases para determinar la capacidad económica y, en función de ésta, establecer la aportación al coste del servicio». «Ante situaciones de la misma capacidad económica, la aportación del beneficiario tiene que ser similar en todo el territorio nacional y cumplir el principio de igualdad ante la ley», apostilló.
Mato dijo que el Ejecutivo ha mostrado su «apuesta clara» por mantener la Ley de Dependencia, y señaló que para asegurarse de que «nadie que lo necesite quede desatendido», el Gobierno «reforzará la labor de la extensa red de servicios sociales que había quedado relegada» con la aprobación de la norma. Se revisará el copago y se profesionalizarán los servicios «controlando» a los cuidadores familiares.
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